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ley de las proporciones reciprocas
En los contratos de asociación en participación se fijarán los términos, proporciones de interés y demás condiciones en que deban realizarse. La asociación en participación es un contrato por el cual un individuo otorga a otras que le aportan recursos o servicios, una participación en las utilidades y en las pérdidas de una negociación mercantil o de una o múltiples operaciones de comercio. “La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, pedidos por las partes, cuando se adecue a los presuntos del producto 6o. de esta ley.”
- Según con esta teoría, el carácter administrativo de un contrato lo establece su finalidad; de suerte que un contrato será administrativo si tiene ciertos fines, por supuesto diferentes a los propios de los contratos de derecho privado, como pudiese ser la satisfacción de la necesidad de carácter general o del interés público, o el logro de la utilidad pública.
- “En ese orden, refiere que opuesto a lo argumentado por la responsable, las partes establecieron obligaciones recíprocas y en un chato de igualdad, y no son consecuencia de un acto de autoridad , que deje su análisis a través del juicio contencioso administrativo.
De lo reproducido se advierte que los contratos que celebren dependencias con entidades, o entre entidades y los actos jurídicos que se festejen entre dependencias, entre otros muchos, no estarán dentro del ámbito de aplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. “La leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal, o entre estas y las Segregarías de Estado.” Las notas distintivas antes citadas, permiten entablar cuál es la naturaleza del contrato festejado entre dos entidades correspondientes al Estado y tiene como objeto primordial la construcción de una obra con el objetivo de satisfacer una necesidad colectiva, de interés popular o de interés público. Por contra, cuando el objeto o la intención del contrato estén íntimamente vinculados al cumplimiento de las atribuciones estatales, de tal manera que la satisfacción de las necesidades colectivas no sea indiferente a la forma de ejecución de las obligaciones establecidos, entonces se va a estar en presencia de un contrato administrativo. Del método del Pleno transcrito en párrafos precedentes se desprende que siempre y cuando la intención del contrato esté íntimamente vinculada al cumplimiento de las atribuciones del Estado, de tal forma que la satisfacción de las pretensiones colectivas no sea indiferente a la manera de ejecución de las obligaciones contractuales, se comprende que se está en presencia de un contrato administrativo.
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De deducir lo opuesto, implicaría que en los supuestos precedentes (regulados en el artículo 1, fracción VI, cuarto párrafo, de la Ley de Proyectos Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas) nuestro Estado se someta a una licitación pública, adjudicación directa o convidación a al menos tres entidades de la administración pública, lo que no hace aparición funcional, por el hecho de que esos métodos necesitan mayor inversión de tiempo para contratar y tienen como finalidad asegurar que los particulares apasionados logren prestar las mejores condiciones libres en cuanto a precio, calidad, financiamiento, ocasión y demás circunstancias pertinentes. En ese contrato una entidad que pertenece a la administración pública, a quien se le denomina contratista se obligó a construir, a cambio de que otro sujeto, otra entidad de la administración pública, le pagara una contraprestación, en dinero procedente de recursos públicos. Atendiendo a las premisas anteriores, es dable determinar que las compañías de participación estatal mayoritaria, tienen un régimen jurídico mixto, en tanto que le son ajustables tanto las reglas de derecho público en las que tiene relación a su creación y al control y también integración de los órganos de administración y representación, así como con relación al empleo de los elementos públicos y las responsabilidades administrativas de sus gobernantes, como las reglas de derecho privado, por lo que hace a su constitución y a la prestación de sus servicios. Por consiguiente, aun cuando esos organismos son autónomos, continúan inferiores a la administración pública federal de una manera indirecta, aspecto que marca la distingue entre la administración centralizada y la paraestatal, pues al tiempo que en la primera la relación jerárquica con el titular del Ejecutivo Federal es directa y también instantánea, en la segunda, especialmente entre los organismos descentralizados, es indirecta y mediata.
“Lo anterior en términos del producto 227, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos legales que correspondan. “En el hecho seis, señaló que el veintinueve de abril de 2 mil once, las partes contratantes establecieron de mutuo acuerdo la terminación anticipada del contrato de obra que celebraron y, entre otras muchas cosas, la obligación de restituir el saldo del anticipo pendiente de amortizar, ello como consecuencia de la terminación adelantada.
Consecuentemente, hablamos de un contrato o convenio de obra pública que se rige por normas de carácter público administrativo si bien en la emisión de la intención se actúa en un plano de coordinación o de igualdad, afín a la forma en que se contrata entre particulares, solo que el objeto del contrato y su finalidad así como la utilización de elementos públicos lo sustraen del derecho privado y, por ende, su interpretación y cumplimiento no corresponde a un Juez civil, sino al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto es, la calidad de los sujetos que tienen la calidad de partes, ya que son sujetos o entidades de la administración pública y el objeto del contrato que es una obra pública para satisfacer una necesidad popular o colectiva con un interés público y el uso de elementos públicos, es claro que difiere claramente de un contrato privado donde el objeto es un derecho libre en la contratación de la intención individual, donde el límite es el orden público. “Los contratos que festejen las dependencias con las entidades, o entre entidades y los actos jurídicos que se celebren entre dependencias, o, los que se lleven a cabo entre alguna dependencia o entidad de la administración pública federal con alguna correspondiente a la administración pública de una entidad federativa, no van a estar dentro del campo de aplicación de esta ley. Cuando la dependencia o entidad obligada a realizar los trabajos no tenga la capacidad para llevarlo a cabo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto va a quedar sujeto a este ordenamiento.” de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establecen reglas siguientes y concretas que atribuyen precisamente a este órgano jurisdiccional, la atribución para conocer de ese tipo de polémicas por medio de la tramitación del juicio contencioso administrativo federal, lo que torna inaplicable el producto 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al haber sobrevenido la expedición de reglas particulares y siguientes que regulan el supuesto en análisis. III. De las definiciones precedentes podemos acabar que el contrato administrativo se caracteriza porque en su suscripción participa el Estado, por conducto de la administración pública, sea con una central o descentralizada, y su objeto está relacionado estrechamente con el cumplimiento de servicios públicos o la realización de los objetivos del Estado, el interés general o la herramienta pública. Un contrato administrativo es el que festeja la administración pública con los particulares con el objeto directo de agradar un interés general, cuya gestación y ejecución se rigen por métodos de derecho público. Gabino Fraga considera que “cuando el objeto o la intención del contrato estén íntimamente vinculados al cumplimiento de las atribuciones estatales de tal manera que la satisfacción de las pretensiones colectivas no sea indiferente a la forma de ejecución de las obligaciones contractuales, entonces se va a estar en el dominio del contrato administrativo.”
“Del mencionado método jurisprudencial, se desprende que el Máximo Tribunal del País estableció, que corresponde entender al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para la interpretación y el cumplimiento de contratos de obra pública a cargo de elementos federales, con independencia de que los hayan celebrado entidades federativas o Ayuntamientos; que lo que da la rivalidad es el carácter federal de los recursos empleados y el marco normativo que funciona la rivalidad material de ese tribunal en materia administrativa. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no distingue la rivalidad del tribunal entre contratos donde intervengan Entidades del Estado y un particular y los que festejan 2 entidades de la administración pública federal en un plano de coordinación e igualdad, como un supuesto de competencia del aludido tribunal. Esas exposiciones dan cuenta que la superioridad se ha pronunciado en el sentido de que la vía para impugnar la rescisión de contratos de obra pública celebrados con entidades de la administración pública federal, corresponde al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por supuesto que la rescisión que emite del trámite pactado y que refleja lo pensado en la regla, es un acto primordialmente administrativo. • Que de conformidad con los principios de aplicación preferente de la ley especial y posterior, los artículos 14, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y 1o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo predominan sobre la regla general del artículo 52, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues prevén reglas concretas respecto de la vía y la autoridad frente a la como debe plantearse la disputa provocada con ocasión de la rescisión de un contrato de obra pública celebrado entre la administración pública federal y un gobernado.
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“Cuando resulte establecida la incompetencia de la autoridad y además de esto existan agravios encaminados a controvertir el fondo del tema, el tribunal deberá examinarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor.” “Formará parte del Sistema Nacional Anticorrupción y estará sujeto a las bases establecidas en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General pertinente y en el presente ordenamiento. “XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus errores, y que constituya su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. “También, en el momento en que la resolución a un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, siempre que la Sala Regional competente determine la procedencia del mismo, el juicio contencioso administrativo procederá en oposición a la resolución objeto del recurso, pudiendo en cualquier caso hacer servir conceptos de impugnación no planteados en el recurso.” “Se consideran áreas prioritarias las que se establezcan en los términos de los artículos 25, 26 y 28 de nuestra Constitución, especialmente las tendientes a la satisfacción de los intereses nacionales y necesidades populares.”
“Las resoluciones que emita el tribunal deberán apegarse a los principios de legalidad, máxima propaganda, respeto a los derechos humanos, verdad material, razonabilidad, proporcionalidad, presunción de inocencia, tipicidad y debido desarrollo. “Artículo 1o. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se regirán por las disposiciones de esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales de que México sea Parte. A falta de disposición expresa se va a aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la predisposición de este último ordenamiento no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece esta ley. “Artículo 6o. Para los efectos de esta ley, se piensan áreas estratégicas las expresamente ciertas en el párrafo cuarto del producto 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las ocupaciones que de manera expresa señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. “En el momento en que las licitaciones a que hace referencia el párrafo previo no sean idóneas para garantizar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, métodos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.
“Producto 45. Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la composición legal que adopten.” b) El objeto o finalidad del contrato es la satisfacción de una necesidad colectiva o de interés público.
Por consiguiente, en los dos casos la materia del juicio contencioso será la interpretación y cumplimiento del contrato festejado entre dependencias y entidades, entre 2 (o más) entidades o entre 2 (o más) dependencias, ya que el precepto mencionado no excluye esa hipótesis. Atendiendo a las circunstancias reguladas en el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es dable saber que la licitación pública, invitación a por lo menos tres personas, o adjudicación directa, son los procedimientos establecidos en ley para que las dependencias y entidades, contraten con los particulares. “Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla general, por medio de licitaciones públicas, a través de convocatoria pública, para que libremente se muestren proposiciones soluciones en sobre cerrado, que va a ser abierto públicamente. • Lo previo, no excluye la intervención de los tribunales federales de amparo una vez que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa haya gestionado y resuelto el juicio contencioso administrativo federal, pues la sentencia definitiva emitida en este, podrá reclamarse en el juicio de amparo directo. Por lo tanto, los organismos descentralizados forman una parte del Poder Ejecutivo en sentido extenso, sin que ello implique contrariar la afirmación sostenida en otros criterios del Prominente Tribunal, consistente en que los organismos descentralizados no pertenecen a dicho Poder, por el hecho de que ésta ha de comprenderse bajo la connotación acotada de que no integran la administración pública con una central y, bajo esa reserva, es que deben entenderse sus alcances.
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“Sin embargo, el presupuesto fundamental de una resolución, acto u omisión cuya legalidad desee cuestionarse a través del juicio de nulidad del que conoce el tribunal de mérito, radica en que el ente de la administración pública federal que lo emitió, haya actuado con capacitad de imperio, o sea, dentro de una relación de supra a subordinación respecto del especial, y no con ocasión de una relación de coordinación con este último, en la que ambas partes actúan en un plano de igualdad, y en la que son sucesos de iguales derechos y obligaciones. “b. Que en la declaración realizada en el numeral III.2. del contrato basal, las partes manifestaron que este no se encontraba sujeto al campo de aplicación de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en términos de lo dispuesto por el parágrafo cuarto, producto 1o., al haberse festejado entre un organismo público descentralizado y una empresa de participación estatal mayoritaria, las dos de la administración pública federal. “Precisa que el Tribunal Unitario de Amparo no consideró que el presupuesto primordial que debe colmar un acto u omisión, reclamable a través del juicio de nulidad, rivalidad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, reside en que el ente de la administración pública federal que lo emitió, haya actuado con facultad de imperio, o sea, en una relación de supra a subordinación respecto del especial; no de esta forma en una relación de coordinación con este último, en la que las dos partes actúan en un chato de igualdad, siendo sucesos de iguales derechos y obligaciones. En 1858, Stanislao Cannizzaro publicó en la revista Nuovo Cimento su trabajo «Resumen de un curso de filosofía química», en el que expuso precisamente de qué forma saber la masa atómica de los elementos y la masa molecular de los compuestos, tal como dado que los elementos guardan una relación fija de peso.
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