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ley de las proporciones reciprocas
“Por otro lado, es infundado que la autoridad responsable tuviese que aplicar el principio pro persona que se tiene dentro en el artículo 1o. de la Constitución Federal, puesto que no se actualizan los supuestos para ello. “Además, son inoperantes pues existe un criterio jurisprudencial en virtud del que ya se ha preciso el alcance de la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
Esta teoría atribuye a la voluntad de las partes la determinación de si un contrato celebrado por la administración es de carácter administrativo, ahora por convenirlo de esta forma, bien por derivarse del dominio voluntario de las partes a un régimen jurídico particular de derecho público. Según lo expuesto, más allá de que, la nota divergente de los criterios contendientes es que en una de las sentencias las partes eligieron ofrecer por terminado anticipadamente el contrato de obra pública, sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios sustentados por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, pues el punto de divergencia reside en determinar la autoridad competente, con motivo de la materia, para solucionar el incumplimiento de pago de un contrato de obra pública. Al respecto, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió que es un Juez de Distrito en Materia Civil el competente para solucionar la demanda, no obstante que el contrato sea administrativo, ya que las posibilidades reclamadas no derivan de que la parte demandada sea un ente público, ni la procedencia de los recursos invertidos, ya que el contrato tiene dentro obligaciones recíprocas y las partes lo brindaron por terminado anticipadamente, circunstancia que los pone en un chato de igualdad, sin que obste que el ordenamiento legal en materia administrativa prevea como sanción el pago de costos financieros, al ser una prestación auxiliar y un criterio administrativo. “De igual forma, en tal jurisprudencia nuestro Máximo Tribunal estableció lo que supone cada uno de los principios precisados anticipadamente; en relación al de justicia completa, en el que está inmersa la violación que el recurrente señala que transgredió en su perjuicio el Tribunal Unitario federal, estableció que radica en que la autoridad que conoce del tema emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los puntos debatidos cuyo estudio sea preciso, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, a través de la aplicación de la ley al caso específico, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. “Por tanto, aun cuando las partes hayan establecido obligaciones recíprocas, la verdad es que ello no puede saber la competencia del tema, pues tal aspecto es de orden público, y en tratándose de rivalidad por materia, exactamente la misma es improrrogable, por lo que no puede alegarse aquélla a un Juez que por disposición de la ley no la tiene. “Como se adelantó, los conceptos de violación son inmotivados, toda vez que para determinar sobre la rivalidad, debe atenderse a la naturaleza del contrato. Por consiguiente, si el objeto del contrato está íntimamente vinculado al cumplimiento de las atribuciones estatales, como es la satisfacción de las pretensiones colectivas (servicios públicos); entonces, es un contrato de naturaleza administrativa. “Lo previo pues, como ya se expuso al analizar el recurso de revisión principal, en los contratos de obra pública, el Estado puede manifestarse de 2 maneras diferentes.
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- “En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el especial, además de la ilegalidad de la resolución impugnada.”
“Además, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con estas responsabilidades, tal como fincar a los causantes el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que delegen de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.” Es decir, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tiene plena autonomía y bajo el modelo de plena jurisdicción, conforme a los artículos 50, cuarto y quinto párrafos, 51. penúltimo parágrafo y 52, fracción V, de la Ley Federal de Trámite Contencioso Administrativo, al dictar sus sentencias tienen facultades no solo para anular los actos administrativos, sino más bien asimismo para saber, como regla general, la manera de reparación del derecho subjetivo del actor lesionado por la autoridad demandada en su actuación, fijando los derechos de aquél, sus límites y des, y condenando a la administración a restablecerlos y a hacerlos efectivos, salvo que no se tengan elementos suficientes para emitir un pronunciamiento sobre el tema. II. El producto 3 de la Ley de Proyectos Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, define lo que debe entenderse por contrato de obra pública. Esto es, el objeto del contrato consiste en hacer una obra en lugar de un ofrecer el pago de un precio por la parte de la entidad de la administración pública pertinente.
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“Producto 134. Los elementos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Ayuntamientos y las demarcaciones territoriales de la Localidad de México, se administrarán con eficacia, efectividad, economía, transparencia y honradez para agradar los objetivos a los que estén premeditados. Derecho administrativo, segundo curso, editorial Porrúa, décima octava edición, México, 1997, página 637. Derecho administrativo, editorial Porrúa, Décima sexta edición, México, 1975, página 229. La sentencia reclamada revocó la dictada por un Juez de Distrito, en la que declaró procedente la salvedad de incompetencia por declinatoria formulada por la demandada y, consecuentemente, dejó a salvo los derechos de las partes para que los hiciesen valer en la manera que a sus respectivos intereses conviniera. TERCERO.—Dése propaganda a la tesis jurisprudencial que se sustenta en la presente resolución, con fundamento en el producto 220 de la Ley de Amparo. La actual vida y creación del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, está contemplada en el artículo 73, fracción XXIX-H, del Pacto Federal.
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Lo anterior da pauta a terminar, que el Máximo Tribunal, se ha apoyado en una teoría mixta para determinar el carácter definitorio de los contratos administrativos, al haberlo predeterminado en función de los sujetos que intervienen en el contrato, sus fines y de la presencia de cláusulas exorbitantes del derecho civil. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que para saber la naturaleza de los contratos que el poder público celebra con los particulares debe atenderse a la intención que se persiguió al celebrarlos, si la intención del contrato está íntimamente vinculada al cumplimiento de las atribuciones del Estado, se está en presencia de un contrato administrativo.
A la tesis de doctorado de Chamorro prosigue un largo artículo que la resume y la profundiza al mismo tiempo, Chamorro ; en este artículo se examinan vivencias llevadas a cabo en la escuela principal a propósito del inconveniente de la enseñanza–aprendizaje de la medida y en forma especial del perímetro y del área; la meta de este estudio es el de ayudar a la realización de triunfantes situaciones a–educativas y de ingeniería dirigidas a remover o, al menos, a limitar las conocidas dificultades en el aprendizaje de la medida. Otro estudio de enorme interés es el de Jaquet , en el cual se presenta y se discute con hondura un inconveniente propuesto a alumnos de 3° y 4° de principal, en el curso del Rally matemático transalpino4 en los meses de enero y febrero de 2000; en dicho inconveniente, original en su formulación, se pide confrontar áreas de figuras no estándar, de las cuales no se dan medidas ni de área ni lineales. Se estudian la formas en que los sujetos encaran el inconveniente, y se muestra la dificultad de los procesos puestos en juego por los alumnos, quienes intercalan métodos directos y también indirectos cuando procuran calcular el área y el perímetro de los polígonos que se muestran en el diseño. Se trata de un atrayente estudio que demuestra la complejidad de la relación entre los 2 conceptos. Marchini habla del conflicto entre los dos conceptos y de la manera didáctica como se podría enfrentar el argumento con la intención de lograr desenlaces positivos; su producto tiene dentro consideraciones de enorme impacto y de extenso espectro no solo didáctico, sino más bien asimismo matemático y epistemológico. En los trabajos de Moreira & Comiti y Moreira se hace énfasis en las dificultades que tienen los alumnos de los últimos tiempos de la escuela principal para admitir las medidas de una figura como uno de los elementos que la determinan y, en particular, en el primer trabajo, a dividir las medidas de área y perímetro y, en el segundo, a conseguir la idea de área de una figura plana. En estos trabajos se expone cómo la educación de los diferentes elementos de la medida de magnitudes geométricas es específico y diferente en cada caso.
La iniciativa del área de una figura plana no en todos los casos es conocida como una característica de esa figura. En Outhred & Mitchelmore se presentan casos de niños de los últimos años de la escuela principal capaces de confrontar superficies de figuras rectangulares, pero que no estaban en disposición de pasar de esta experiencia a las medidas de área. Generalmente, el producto está dedicado a las adversidades concretas en la conceptualización del área y del perímetro por parte de los alumnos de la escuela primaria.
Corrobora la conclusión alcanzada, la naturaleza formal del contrato de obra pública y su objeto, que están definidos en la ley y que de manera enunciativa precisa cuándo se está frente a un contrato de obra pública, en el que no se distingue si entre los sujetos es especial o si los dos contratantes forman parte de la administración pública y que contratan en un chato de coordinación o de igualdad sin sostenerse a un procedimiento previo de licitación, adjudicación directa o convidación, tal como sin precisar un trámite unilateral de rescisión donde entre los contratantes ejercite una facultad unilateral. X. Sobre estas bases, el arbitrio judicial orientado por la doctrina lleva a determinar que los contratos celebrados entre entidades o dependencias del Estado, sin la participación de un particular, cuyo objeto sea la contratación de una obra pública, para satisfacer una necesidad pública y realizar una atribución estatal de prestar un servicio público y por definición legal de contrato de obra pública, también puede ser calificado como un contrato administrativo en sentido amplio. Si bien la administración pública puede celebrar contratos de orden privado y público; para saber si el contrato festejado es de tipo administrativo, se puede tomar en cuenta que el Estado es parte en el contrato o convenio y que su objetivo es agradar necesidades colectivas. La cuestión a dilucidar en esta resolución es saber la autoridad competente, por razón de la materia, para resolver sobre la acción derivada del incumplimiento de pago de obligaciones pactadas en un contrato celebrado entre entidades de la administración pública, cuyo objeto es garantizar el desempeño de un servicio público y en el que se pactaron obligaciones recíprocas. “Que además de esto, no podía servir como fundamento lo pactado en la cláusula novena del contrato, en el que las partes se sujetaron estrictamente para el cumplimiento del mismo al Código Civil Federal y Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que ese aspecto no podía ser fundamento para determinar la naturaleza jurídica del contrato y someterse a la competencia de un tribunal especial, cuando la ley de manera expresa, señalaba la materia del tribunal que debía saber del tema, lo que era de orden público. “Sin embargo, el presupuesto primordial de una resolución, acto u omisión, cuya legalidad desee cuestionarse a través del juicio de nulidad del que conoce el tribunal de mérito, radica en que el ente de la administración pública federal que lo emitió, haya actuado con capacitad de imperio, esto es, dentro de una relación de supra a subordinación respecto del particular, y no con ocasión de una relación de coordinación con este último, donde ambas partes actúan en un plano de igualdad, y en la que son titulares de iguales derechos y obligaciones.
“En el momento en que para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o efectuar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se va a suspender el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se pida realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione esa información o se realice el acto. “Si la sentencia obliga a la autoridad a efectuar un determinado acto o comenzar un trámite, conforme a lo preparado en la fracción IV, va a deber cumplirse en un período de cuatro meses tratándose del juicio ordinario o un mes tratándose del juicio sumario de conformidad con lo previsto en el producto de la presente ley, contados desde que la sentencia quede firme. “a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa. “En la situacion de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el tribunal va a deber previamente constatar el derecho que tiene el especial, aparte de la ilegalidad de la resolución impugnada.” “Artículo 1. La presente ley es de orden público y también interés general y tiene por objeto determinar la integración, organización, atribuciones y desempeño del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Se define la masa de combinación o peso semejante de un factor como la masa de este que se combina con 8 g de oxígeno. Se halló que la masa equivalente más pequeña era la del hidrógeno, a esta masa se le asignó el valor uno y se tomó como referencia. Cuando 2 o más elementos o compuestos se mezclan para formar un mismo compuesto determinado, lo hacen siempre y en todo momento en una proporción en peso fija y constante.
“En efecto, la disputa natural no tiene por objeto impugnar una resolución determinante, acto administrativo o trámite de esta naturaleza, emitido por el organismo descentralizado actor en ejercicio de las facultades legales que tiene conferidas; sino exclusivamente reclamar el pago de cantidades a las que pretendidamente está obligada la parte demandada con ocasión del citado contrato que festejaron las partes en enfrentamiento, así como de su acta de terminación adelantada. “La importancia de estimar ese aspecto estriba en que, si la disputa proviene del empleo de una facultad especial, el acto de la entidad contratante ha de ser considerado procedente de autoridad y este debe controvertirse por medio de los elementos o juicios que las leyes aplicables concedan para tales fines.
Que lo anterior no da pauta a saber que su actuación esté libre y exenta de control, toda vez que su desempeño y las facultades de autoridad que desempeñan están asegurados y controlados a favor de los regidos y de la administración pública, pues las entidades auxiliares tienen como finalidad la ejecución de programas de desarrollo o actividades estatales que les han sido conferidas. La distingue se presenta en el hecho relativo al trámite previo a la configuración de los derechos y obligaciones que emanen de la relación contractual, porque para la contratación con un gobernado, la voluntad estatal se emite mediante métodos específicos como la licitación, invitación y adjudicación directa, y por otro lado, las clausulas relativas resultan descomunales del derecho privado, para preservar el interés público; por lo que el Estado queda facultado para ofrecer por vencido anticipadamente el contrato implicando el interés público al poder rescindir unilateralmente el contrato, a través del procedimiento respectivo, ante el incumplimiento del contrato. En la celebración de los contratos el derecho privado se aplicará al Estado cuando los actos que éste verifique no se vinculen estrecha y necesariamente con el cumplimiento de sus atribuciones y cuando, por lo mismo, la satisfacción de las pretensiones colectivas no se perjudique por el hecho de que en esos actos el Estado no haga uso de los medios que le autoriza su régimen particular. Este género de cláusulas descomunales, no aparece del régimen contractual habitual, ni del acuerdo de voluntades, sino tienen su origen en la ley, como reflejo de la supremacía jurídica que tiene la autoridad en sus relaciones jurídicas. Lo que encuentra su justificación en la necesidad de regentar los elementos públicos con eficacia, efectividad, economía, transparencia y honradez para agradar los objetivos a los que estén destinados, garantizando así el desempeño regular de los órganos del Estado, y la prestación continua de los servicios públicos, ya que de esta forma está estatuido en el artículo 134 del Pacto Federal. V. Desde lo anterior, resulta necesario decir que en el contexto de este tipo de contratos administrativos, la presencia de las cláusulas exorbitantes coloca a la autoridad en una situación diferente y más favorable de la que actúa para los particulares que con contratan.